Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

En este sentido, la interpretación que hasta el presente ha realizado la Corte,
y que hoy prolonga, si bien atiende a una visión concreta de lo consignado
en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, debe reconocerse,
ha pasado por alto la verificación contextualizada del programa
constitucional diseñado por el constituyente primario y, especialmente, la
armonización necesaria de los valores y principios que lo inspiraron.
Ahora, sin que esa interpretación válida del parágrafo en cuestión varíe,
estimo necesario, bajo la lente del principio del juez natural y tomando en
consideración el contexto histórico social del momento, matizar la solución
del problema, para que se cierre la puerta al cambio de las reglas de juego
operado con ocasión de la sola voluntad del aforado, incluso expresamente
manifestada por él cuando dice renunciar a la investidura con el ánimo específico
de que se le siga investigando y juzgando en sede diferente.
No puede pensarse que el querer del legislador primario, en punto del
contenido del parágrafo del artículo 235 de la Carta, haya sido facultar
que el solo interés personal del aforado delimite posible el cambio de juez
natural.
De esta manera, si la sola lectura literal de la norma en cuestión, emergiera
criterio válido y único de interpretación (por fuera del sistemático, teleológico
e histórico), habría que significar la existencia palpable de antinomia
constitucional que, resuelta adecuadamente en un plano de proporcionalidad,
debe hacer valer, por su significado y alcances concretos, los valores
y principios fundantes de juez natural, independencia y autonomía de la
justicia.
Ello, trasladado al asunto que nos ocupa, implica significar que si la Corte
ya ha asumido la investigación en contra del aforado, atendida su condición
congresional, y éste posteriormente, antes de que culmine el proceso,
renuncia a su investidura con el único fin de evadir la intervención de su
juez natural, ello no afecta la competencia de la Sala para llevar hasta su
culminación el asunto, independientemente de si el delito guarda o no relación
con esa función oficial que se pierde.
A su vez, si la persona realiza, antes de adquirir la investidura de congresista,
un delito que pueda estimarse relacionado con las funciones, en el
entendido que sus efectos se prolongan hasta el efectivo desempeño del
cargo, con compromiso de este, de la investidura o las funciones oficiales
constitucional y legalmente asignadas, no cabe duda que la Corte siempre
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