Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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Y no es, la materia del principio de perpetuatio jurisdictionis, ajena al
derecho procesal penal. Para el efecto, véase cómo en la Ley 600 de 2000,
el inciso final del artículo 78, precisa que la competencia por la cuantía se
fijará definitivamente teniendo en cuenta el valor de los salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de la comisión de la conducta
punible.
Así mismo, el artículo 278 ibídem, establece que en los delitos contra el patrimonio
económico, para determinar la competencia, la cuantía y el monto
de la indemnización podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad
del juramento.
Ello, sin tomar en consideración la fijación de la competencia en los procesos
penales por el delito de inasistencia alimentaria, atendiendo al domicilio
del afectado.
No puede, entonces, la Corte, sin correr el riesgo de violar el principio del
juez natural, acudir a interpretaciones que prohíjen el cambio de competencia
atendiendo tan sólo a la voluntad del implicado de sustraerse al juez
constitucionalmente preestablecido para investigar y juzgar su conducta.
Ello, no cabe duda, repugna a la idea de jurisdicción en un Estado social
y democrático de derecho que, entre otros factores de distinción, respeta
también principios caros a la naturaleza de esa función, entre otros, los de
autonomía e independencia judiciales.
En este sentido, la interpretación que hasta el presente había realizado la
Corte, si bien atiende a una visión concreta de lo consignado en el parágrafo
del artículo 235 de la Constitución Política, debe reconocerse, había
pasado por alto la verificación contextualizada del programa constitucional
diseñado por el constituyente primario y, especialmente, la armonización
necesaria de los valores y principios que lo inspiraron.
Ahora, sin que esa interpretación válida del parágrafo en cuestión varíe,
bajo la lente del principio del juez natural y tomando en consideración
el contexto histórico social del momento, se debe matizar la
solución del problema para que se cierre la puerta al cambio de las
reglas de juego operado con ocasión de la sola voluntad del aforado,
incluso expresamente manifestada por él cuando dice renunciar a la
investidura con el ánimo específico de que se le siga investigando y
juzgando en sede diferente.