Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

de su competencia– llegar a investigar y juzgar conductas constitutivas
de cualquiera de los mencionados crímenes, así la acción
penal o la sanción penal para losmismos haya prescrito,
según las normas jurídicas nacionales.
El tratamiento diferente que hace el Estatuto de Roma respecto a
la imprescriptibilidad de los crímenes de competencia de la Corte
Penal Internacional, tiene fundamento en el artículo 93 de la
Constitución. Se trata de un tratamiento distinto respecto de una
garantía constitucional que está expresamente autorizado a partir
del Acto Legislativo 02 de 2001 y que opera exclusivamente
dentro del ámbito regulado por dicho Estatuto.
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Por tanto, para la Corte Suprema de Justicia, si el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional tiene como fundamento medular la imprescriptibilidad
de las conductas delictivas sometidas a su jurisdicción, carecería
de toda relevancia discutir que hechos que son constitutivos de los denominados
delitos de lesa humanidad cuya característica principal es su
imprescriptibilidad, se argumente a nivel interno que “son conductas consideradas
como delitos de lesa humanidad” pero a su vez, se estime que son
imprescriptibles.
Es claro, entonces, que al tratarse de un delito de tan graves connotaciones,
la comunidad internacional ha convenido en darle un trato especial, esto
es, con la más alta severidad tanto en cuestiones sustanciales como procedimentales,
razones por las cuales se pueden imponer penas de cadena
perpetua y la acción penal es imprescriptible. Lo anterior conduce irrestrictamente
a sostener que la no penalización de una conducta constitutiva de
tan reprochable crimen, por la ausencia de una norma de carácter interno
que lo tipifique y por la existencia de otra, de igual alcance que la limita
en el tiempo -aún cuando coexisten normas de rango internacional que
prevalecen sobre las internas, en armonía con la Constitución Política, que
sancionan con severidad y sin limitación temporal esta clase de crímenes-,
además de constituirse en impunidad, es atentatorio de los principios y
derechos fundamentales de la humanidad y de los criterios orientadores de
la comunidad internacional, en lo relacionado con la prevención, investigación
y sanción de esta clase de crímenes, catalogados como atroces.
Así pues, conforme lo aquí expuesto es aceptable, sin vulnerar el principio
de legalidad, sancionar una conducta constitutiva de un crimen de connotación
y trascendencia internacional, como el genocidio, aún cuando la
misma se cometiera antes de la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2000