Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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de favorabilidad en la aplicación de la ley, cuando hay sucesión y tránsito
de leyes.
Entonces, es claro que la única forma de iniciar o continuar la investigación
por una conducta que probablemente constituye vgr, un delito de genocidio
y/o de concierto para delinquir en vigencia del Decreto-Ley 100 de 1980,
es argumentando la imprescriptibilidad de la acción penal, con fundamento
en los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocidos por
Colombia y aplicables como principios de derecho internacional.
(…)
De la normativa anteriormente reseñada se desprende con claridad cuál
es el concepto del delito de genocidio -de lesa inmunidad- esto es, la búsqueda
de la destrucción total o parcial de un grupo mediante ataques a sus
miembros por el hecho de la pertenencia al mismo o por su afinidad.
Para poder alcanzar el fin propuesto mediante el presente estudio -esto es,
determinar la imprescriptibilidad y la adecuación del mismo en relación
con conductas cometidas bajo la égida del Decreto-Ley 100 de 1980, con
fundamento en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos
reconocidos por Colombia-, se debe acudir a lo ya referido por la Corte
Constitucional mediante sentencia No. C-225 de 1995, sobre la prevalencia
de dichos Tratados y su interrelación con la Constitución Política de
Colombia:
(…)
Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y
su integración en el bloque de constitucionalidad implica que
el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía
del orden jurídico interno a los contenidos del derecho
internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización
material de tales valores...” (Subrayas fuera de texto).
Por lo anterior, es plausible que si bien es cierto, en cumplimiento del principio
de legalidad se exige que para que una persona pueda ser juzgada
por la comisión de un delito, éste, previamente debe encontrarse reglado
en una norma en dicho sentido, no lo es menos que la normativa interna
debe ajustarse a lo definido en los Tratados Internacionales y, en ese sentido,
armonizarse con los mismos y con la Constitución; razón por la cual,
es aceptable que se pueda predicar la aplicación del contenido de dichos