Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

constitucional. Por esta razón, resulta razonable que el legislador
le de un trato diferenciado al término de prescripción de la
acción penal dependiendo del delito. En efecto, esto es posible
entre otras razones debido al diferente valor constitucional de
los intereses o bienes jurídicos protegidos.
Por supuesto, ello no significa que el único criterio razonable
para fijar el término de prescripción de la acción penal sea la
gravedad de la conducta, pues dentro del diseño de la política
criminal del Estado el legislador puede determinar el término de
prescripción a partir de otros criterios valorativos que desde una
perspectiva constitucional sean igualmente válidos a las consideraciones
de tipo dogmático o axiológico. Entre ellos, pueden
considerarse la necesidad de erradicar la impunidad frente a delitos
en los cuales resulta especialmente difícil recopilar pruebas
o juzgar efectivamente a los responsables.
(…) frente a una desaparición forzada de personas, la acción
penal es el medio más eficaz para proteger los intereses en juego,
y su imprescriptibilidad es un mecanismo que en determinadas
circunstancias puede resultar necesario para establecer la verdad
de los hechos y para atribuir responsabilidades individuales e
institucionales. En tal medida, frente a la garantía de seguridad
jurídica y de recibir pronta justicia, es necesario entonces concluir
que prevalecen el interés en erradicar el delito de desaparición
forzada y en reparar a las víctimas (…)”
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Conforme a lo anterior, debe esta Corporación manifestar que es razonable
tener en cuenta la ratio decidendi de la referida providencia, en atención a
que es reconocido por el Estado Colombiano como por toda la Comunidad
Internacional que, el delito de Desaparición Forzada hace parte de los Crímenes
de Lesa Humanidad, situación que acontece en igual forma respecto
del delito de genocidio, el de persecución política, razón por la cual no
se observan motivos para desconocer que las finalidades de protección de
Derechos Humanos con la proscripción de estos delitos, como todos los de
su clase, son idénticas y, en tal sentido, la regla de imprescriptibilidad se
puede aplicar, eso sí, sin desconocer que debe hacerse en conjunto con todo
lo que hasta aquí se ha expuesto.
Resulta claro, entonces, que la Constitución se refiere a la prohibición de
imprescriptibilidad de la pena, permitiéndose por vía del bloque de constitucionalidad,
conforme al artículo 93 de la Carta Política, la inclusión
de un tratado internacional, bajo los parámetros expuestos líneas arriba,
que establece la imprescriptibilidad de la acción penal en tratándose de