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La normativa internacional y jurisprudencia de los organismos
internacionales sobre derechos humanos ha permitido consignar en la
legislación nacional el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior con
facultades amplias sobre los puntos impugnados; en principio, este derecho
fue consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aunque está reservado exclusivamente para el imputado ya condenado, la
normativa interna faculta tanto al condenado, como al ente acusador para
recurrir motivadamente de un fallo adverso o ilegal. Asimismo, el asidero de
esta facultad de impugnación contiene la reconocida falibilidad humana que
puede permear el intelecto del juzgador, y materializarse en un perjuicio para
las partes. De manera que el juez puede acertar o equivocarse al administrar
justicia, y al errar puede suceder que no fundamente su decisión o bien
habiendo fundamentado su decisión ésta contenga alcances que no
corresponden a las pruebas aportadas en el proceso. Corresponde así
atender a la supuesta falta de fundamentación de la sentencia alegada por la
recurrente.
En el presente caso en lo referente a los motivos indicados por la
parte recurrente se realizara el presente análisis:
A. Sobre la supuesta valoración desigual de la prueba testimonial:
En cuanto a la valoración de la prueba testimonial de cargo y
descargo, la juez a quo (Juez de Paz de Conchagua) efectúa un
razonamiento aislado y no en conjunto de las probanzas, sin
mencionar la razón por la cual la declaración de un testigo le merece
fe y la de otro no; como el caso en el cual resta credibilidad al
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testimonio en relación a la autoría o participación de la imputada,
proporcionada por los testigos LUIS DE JESUS AGUILAR
HERNANDEZ y JOSE MACARIO IGLESIAS (Agentes Captores),
quienes manifestaron que el arma de fuego tipo pistola fue
encontrada en el interior de un bolso o cartera que la imputada