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portaba en sus manos, sin la documentación que autoriza el uso y
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portación de las mismas. La valoración de la prueba en cuanto a la
existencia del ilícito es sumamente escueta, pues la sentencia no
contiene la confirmación de la existencia del delito. La juzgadora dio
valor probatorio al acta de remisión de la imputada, pese a la
oposición de la recurrente, cuando tal documento constituye un acto
de investigación y no un elemento de prueba que haya de ser
valorado en juicio, desatendiendo las normas de valoración de la
prueba establecidos en el artículo 174 del Código Procesal Penal.
B. Sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica: La lógica y el
sentido común, no fueron utilizados por la juez trasgrediendo la
aplicación de la ley, ya que cada testigo tiene su visión de los hechos
la cual es producto del contacto individual con la realidad. Por lo que
resulta contrario a las normas de la lógica obligar a un testigo a
repetir invariablemente su dicho ante el paso del tiempo.
Como puede observarse la recurrente advierte la presencia de vicios
de forma en la fundamentación de la sentencia, no obstante ello, al plantear
la solución que se pretende expresó:
”Proceda a revocar la sentencia dictada por la Juez de Paz de Conchagua,
en donde declara absuelta de toda responsabilidad a la imputada y
proceda la Honorable Cámara de Segunda Instancia a dictar la condena de
la imputada CESIA BEATRIZ PORTILLO GUEVARA, con una pena de
cuatro años de prisión como medida definitiva‖
Radicando aquí el problema del porque la Cámara de Segunda Instancia de
la Tercera sección de oriente resuelve:
“…a) Admítase el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada
Paula Abigail Escobar Granados en calidad de Auxiliar del Fiscal General
de la República; b) Declarase sin lugar lo solicitado por la parte
apelante; c) Confirmase en todas sus partes la sentencia absolutoria
dictada por el Juzgado de Paz de Conchagua a las doce horas con diez