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POLITICA
Si nuestro país El Salvador no hubiese regulado el Recurso de
Apelación contra la Sentencia Definitiva dictada en Primera Instancia se
hubiese tenido que ampliar la Casación, lo cual hubiera creado un problema;
si se amplía demasiado la Casación, se carga demasiado la Sala de lo Penal
de la Corte Suprema de Justicia y si se carga a la Sala de Lo Penal, se crea
un déficit para regular los fallos de los Jueces inferiores, consecuentemente
rompe con el fin político; el cual es, que, cuenta con un órgano centralizado y
supremo encargado de resolver el recurso con la finalidad de asegurar la
unidad del derecho.
SOCIOECONOMICA
El acceso a la justicia que garantiza la regulación del recurso de
apelación contra la sentencia definitiva dictada en Primera instancia implica
no solamente en gozar de un recurso con criterios de procesabilidad amplios,
sino que implica también un eficaz medio de control a bajo costo, en el
sentido que ya no se trata de un medio de impugnación que podía ser
ejercido por y para una cierta clase de sujetos agraviados. Eliminándose las
limitantes que imponía el recurso de casación; un recurso el cual no admitía
prueba, con requisitos de admisibilidad limitados y con un fin radicalmente
político y no el de administrar justicia como delegados del estado, debido que
quien conocía del recurso era la Sala de lo Penal, restringiéndose también de
esta forma el ejercicio del mismo derecho al considerarse a este tribunal
como un ente superior e inalcanzable. Resultando de esta forma
improductivo la interposición del recurso de casación contra la sentencia
definitiva y por lo tanto un gasto desmesurado del mismo.
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