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Como base legal relacionada con nuestro objeto de estudio se tomo
como premisa analizar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que han sido determinantes a nivel internacional y a nivel interno como en El
Salvador, debido que no existía un Sistema de Justicia Procesal Penal, en
materia de impugnaciones que ampliamente los garantizara. Que en su
artículo 14.5 establece: ―Toda persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean
sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Con lo
anterior se establece que toda persona que haya sido declara culpable de un
delito en primera instancia, tiene derecho a que dicha resolución pueda ser
declarada nula en segunda instancia a través de la interposición de un
recurso, cuando se considere la parte recúrrete que ha sufrido un agravio
con tal resolución. Así mismo que se tratara de un recurso sin requisitos de
admisibilidad limitados en los cuales sin más trámite se pueda conocer de los
motivos de fondo y forma. Pero que este recurso no puede ser más el
recurso de casación debido que por tratarse de un recurso extraordinario y
cumplir fines políticos, no se podían entrar a conocer ampliamente todos
aquellos puntos donde se consideraba existían agravios.
De la misma forma se regulaba en El Salvador en cual contra las
sentencias definitivas únicamente procedía el recurso de casación,
resultando necesario remitirse al ámbito internacional para poder suplir estas
deficiencias y la regulación de un recurso amplio en el cual el tribunal que
resuelve el recurso, pudiera conocer todas las pretensiones de hecho y de
derecho que establecen las partes dentro del proceso y que consideran han
sido agraviados. Siendo oportuno que se regulara como medio de
impugnación contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia en
materia penal, el recurso de apelación, teniendo papel protagónico para tal
regulación, el caso Mauricio Herrera Ulloa vs el Estado de Costa Rica, que
conoció la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el cual le sugirieron
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