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El problema del legislador hasta ese momento era que el recurso que
había designado para poder garantizar los derechos del imputado
consagrados a nivel Internacional en materia Procesal Penal encomendados
a la Casación Penal eran demasiados, debido a que la Casación ha tenido
un ámbito de actuación muy limitado en relación a los hechos probados.
Prácticamente ha reducido su alcance a aspectos deducibles del mismo
texto de la sentencia. Y es así que ha sido objeto del recurso de casación las
reglas de la sana crítica, la motivación y algunos vicios del procedimiento.
El problema fundamental que se plantea en la doctrina, radica en la
discusión o una nueva valoración de la prueba presentada por las partes y de
la capacidad que tiene el Tribunal superior que conoce del recurso, de hacer
una nueva valoración de la prueba llegando en consecuencia o magnitud tal
que pueda modificar los hechos probados.
El planteamiento de este problema radica en que concepción se
considere el principio de inmediación procesal dentro del proceso penal
salvadoreño, debido a que en la doctrina se afirma que el tribunal que dicta la
sentencia tiene que percibir por sí mismo la prueba (Inmediación Formal) y
además el Tribunal tiene que extraer por si mismo los hechos de las fuentes,
es decir que no está autorizado a utilizar ninguna prueba proveniente de otra
instancia (Inmediación Material).
Situación que no es tan cierta o convincente debido y aunque el
secretario transcribe el contenido de lo expresado verbalmente, no es
suficiente para obtener un panorama completo de valoración de la prueba
presentada en segunda instancia se complementa con la grabación
audiovisual de la sentencia de la vista pública.
El Tribunal Supremo Español recalca esta circunstancia y afirma que
el acta de juicio solo reproduce lo que el secretario judicial ha podido
transcribir, sirviendo de documento público en el que constan las pruebas
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