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168 comisión nacional de los derechos humanos
Dentro de su articulado, en los numerales 34 y 35, se establece la obligación
de los Estados Parte a proteger a niñas, niños y adolescentes
contra toda forma de explotación y abuso sexual e impedir el secuestro,
la venta y la trata para cualquier fin o forma. Asimismo, en virtud de ser
un instrumento de derechos humanos, se establece en el artículo 43
un mecanismo de control y verificación de los compromisos emanados
de la misma Convención, a diferencia del Protocolo de Palermo, que no
tiene un mecanismo de verificación sobre la aplicación de lo contenido
en ello, la Convención de los Derechos del Niño sí lo contempla, y se
tiene la obligación de que el Estado que ha suscrito esa Convención
reporte.
Esta Convención es la más firmada, sólo dos Estados no lo han hecho,
uno de ellos es Somalia, por no tener un gobierno reconocido internacionalmente,
y el otro Estados Unidos de Norteamérica, todos
los demás Estados están obligados a reportar cada cinco años los avances
sobre la implementación de la Convención.
Se desprenden de ésta dos protocolos facultativos, uno sobre la
venta y la utilización de niñas, niños y adolescentes en la pornografía
y la prostitución, y el segundo protocolo es sobre la utilización, o más
bien, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en conflictos
armados.
La preocupación primordial de los Estados al adoptar ambos Protocolos
se centra en prevenir y atender los graves crímenes de la venta
de niñas, niños y adolescentes, así como los diferentes tipos de explotación
a los que son sujetos, además del reclutamiento de los mismos
por grupos armados, tanto nacionales como no nacionales. Estos crímenes
en nuestro país lejos de disminuir a diez años de la ratificación
de los Protocolos, han venido en un constante ascenso incrementando
el número de víctimas. Diez años de los Protocolos y veinte de la Convención,
esto debido, entre otras cosas, a la falta de instrumentos más
concretos que aseguren, que instalen los derechos de las niñas, niños
y adolescentes a través de mecanismos legales de prevención, persecución
del delito, de atención y reparación a las víctimas adecuados a la
realidad que vive México y eficaces para éstos directa o indirectamente
afectados por dichos delitos. Y no estaremos preparados para enfrentarlos
sin compromisos adquiridos en el marco de la Convención,
hasta en tanto no se adecue la política integral a los derechos del niño, en
tanto no se adecuen a las instituciones los programas, los presupuestos