1ufjYIK

72 comisión nacional de los derechos humanos
legítimo titular del mismo. Desde este punto de vista “victimológico”,
el menor es persona en todo sentido, al ser titular de derechos, y ser
por ello sujeto idóneo potencialmente víctima de delitos.
Más dificultoso es el tratamiento del menor como persona en derecho
(titular de deberes para el derecho penal). Es evidente que el menor
(por ejemplo, un niño de siete años) no debe golpear a sus compañeros
de colegio, no debe romper los juguetes de su primo, no debe matar
estrangulando a su hermana recién nacida. ¿Pero la infracción de ese
deber ha de tratarse, en todo caso, y de manera inexcusable, como si
el infractor del deber fuera un adulto (sufriendo años de cárcel por
su conducta, por ejemplo). Sobre esto podríamos también debatir ampliamente
en la dogmática penal. Aquí únicamente podemos hacer un
plantear, en un breve apuntalamiento, la problemática de la siguiente
manera: el menor de edad, en tanto titular de derechos y de deberes,
¿en qué medida debe responder frente a esos derechos y a esos deberes
socialmente reconocidos mediante el ordenamiento jurídico-penal
La respuesta únicamente consiste en la necesidad de la existencia de un
derecho penal de menores, pero no de cualquiera, sino de un derecho
penal de menores adecuado a las circunstancias, ad hoc, racional y
garantista.
La necesidad de un derecho penal del menor racional
y garantista adecuado a la personalidad del menor
Que el menor sea persona en derecho no significa que sea cualquier
persona en derecho. Si la personalidad en derecho depende, como
afirma Jakobs, de los derechos y deberes que se le atribuyen, entonces
el concepto de persona en cuantificable, y por tanto existen, como
dice expresamente el maestro alemán, conceptos más amplios y conceptos
más angostos de persona en derecho. Una persona jurídica
sería un concepto de persona más estrecho que el de persona natural,
porque —por ejemplo— una persona jurídica no tiene el derecho al
matrimonio. Un menor de edad sería un concepto de persona más
angosto que el de adulto, porque —por ejemplo— un menor no puede
votar en las elecciones, ni ser votado, ni casarse, ni tampoco tiene
el deber de ir a la cárcel.
Sea como fuere, la realidad actual hace cada vez más notoria y patente
la necesidad de que haya un derecho penal de menores, esto es: