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décimas jornadas nacionales sobre víctimas del delito 169
en toda la República con una visión de los derechos de los niños y
adolescentes como sujetos de derecho, tarea que sabemos que es compleja
pero necesaria.
Sabemos y aplaudimos que en México existan varias iniciativas y
acciones lideradas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), referentes a la Convención sobre los Derechos de
los Niños, en especial, aquellos que trata el Protocolo facultativo sobre
la venta de éstos, la prostitución y la utilización de los mismos en la
pornografía. Sin embargo, no hemos visto un sistema, llámese DIF o
cualquier otro, de protección y promoción integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, una instancia de coordinación que impulse
un enfoque que vaya más allá de la protección de éstos que re quieran
atención, sino que prevenga y garantice todos los derechos a todos
ellos.
Lo anterior se logra con políticas públicas universales, pasando de
ser una institución asistencial ligada, lo siento, lo tengo que decir, a
las primeras damas, nacional, estatales y municipales, a pasar a integrar
los planes de desarrollo, las estrategias de mitigación de la pobreza, los
objetivos del milenio y asegurar los recursos y las voluntades políticas
necesarias para producir los cambios que requerimos.
Este cambio de paradigma que hemos venido mencionando, tendrá
un tránsito mucho más sencillo si podemos contar con una instancia
especializada en los derechos del niño que transversalice todos los
derechos en todas las políticas e instituciones del Estado y la sociedad,
esta última que encare seriamente el cambio de paradigma y que impulse
el protagonismo de niñas, niños y adolescentes.
Con estos antecedentes, en el año 2008 el gobierno mexicano presentó,
cuatro años tarde, su informe inicial con apego al Protocolo facultativo
de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la
venta de niños, prostitución infantil y utilización de infantes en la pornografía,
documento que no sólo fue presentado a destiempo —lo
que hace ver la falta de interés del gobierno mexicano en el tema de
los derechos de niños y adolescentes—, sino que también contiene en
su cuerpo inconsistencias, tal como lo muestran las cifras presentadas
sobre las víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes, que van desde los 16 mil en una parte del documento,
pasando por los 32 mil en otra parte, 70 mil en otra parte, 80 mil y hasta
un millón y medio en otra parte de un mismo documento. Además,