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décimas jornadas nacionales sobre víctimas del delito 67
de faltas, lo que en realidad también supone, lato sensu, una victimización
social y jurídicamente intolerable de la figura del menor de edad.
La legislación española ofrece numerosos ejemplos de esta manipulación
del menor, por ejemplo, en sede de los delitos contra derechos y
deberes familiares (artículos 233 a 233 CP de 1995). Así, incrimina,
entre otros, la omisión de presentación del menor o incapaz a sus
padres o guardadores quebrantando los deberes de custodia (artículo
233), la inducción de menor o incapaz a abandono de domicilio familiar
(artículo 224), un tipo atenuado si se restituye al me nor sin
peligro para su vida, salud, integridad física, libertad sexual, etc. (artículo
225), la sustracción de menor por parte de progenitor (artículo
225 bis), el abandono de menor o incapaz por parte de pa dres, tutores
o guardadores legales (artículo 229), la entrega de menor o incapaz a
establecimiento público sin anuencia de quien lo haya confiado (artículo
231) o la utilización de menor o incapaz para la práctica de la mendicidad
(artículo 232).
Sobre la legitimación del derecho penal del menor
En todo caso, el derecho penal del menor, con toda su polifacética
estructura, constituye una materia particularmente trascendente desde
el punto de vista jurídico, al mismo tiempo que interesante, compleja
y dificultosa. La realidad social y jurídica ha planteado la cuestión
de si hay y si debe haber un derecho penal de menores diferente del
penal de adultos, y —en tal caso— en qué medida debe ser diferenciado
del derecho penal de mayores de edad. Esta cuestión en torno a
la legitimidad del derecho penal del menor ya fuera planteada hace
décadas por algunos clásicos penalistas del siglo pasado, quienes, como
una muestra de superación de la problemática de imputación al menor
por actos realizados por ellos y descritos por la ley como delitos, afirmaban
que los menores de edad habían salido para siempre afortunadamente
de la casa del derecho penal.
Pero la salida de la casa del derecho penal no significó entonces ni
significa ahora que se les conceda a los menores una licencia para hacer
cuanto les venga en gana, sino que plantea una interrogante de mayor
calado: en qué medida debe tener el menor un tratamiento diferencial,
un tratamiento jurídico singular por parte del sistema punitivo, adecua-