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décimas jornadas nacionales sobre víctimas del delito 181
sitio o en otro, porque finalmente es una cuestión de poca relevancia
para la vida social. Sin embargo la vida, la integridad de las personas, la
salud o en este caso la dignidad, son bienes que son fundamenta les
y por lo tanto requieren una tutela con normas sumamente rígidas, sumamente
trascendentes en la cuestión de las consecuencias que impone.
La trata de personas está relacionada con otros delitos que ya escuchamos
en las intervenciones anteriores, tenemos al lenocinio y el
tráfico de personas. Se distinguen de manera importante estas dos
figuras porque el tráfico de personas siempre será trasnacional, normalmente
es una práctica consentida por la persona que está siendo
trasladada y, en todo caso, lo que se protege son las leyes de inmigración
de un Estado, por lo tanto, quien sufre el daño en este caso es el
Estado, es el sujeto pasivo del delito, en tanto que en la trata la víctima
de la misma es el sujeto pasivo, ya que normalmente no hay consentimiento;
y en segundo lugar porque el bien jurídicamente que se
viola con este delito es la dignidad de la persona. Respecto del lenocinio,
existe también una diferencia importante con la trata, veremos
más adelante que ésta es previa al lenocinio, a la explotación sexual, y
lo que protege el lenocinio es un bien jurídico que la doctrina denomina
“la moral pública”, y el titular de la moral pública es la sociedad,
entonces el sujeto pasivo del delito en el caso del lenocinio será la sociedad,
mientras que, como ya veíamos, en la trata será precisamente
la víctima.
Regla general: ¿a quién le toca investigar y juzgar los delitos con la
trata de personas En términos generales, a las autoridades del fuero
común y excepcionalmente, es decir, en casos específicos, a las autoridades
federales.
Una vez que un servidor público, una persona, se da cuenta de que
existe un hecho que posiblemente sea constitutivo del delito de trata
de personas, ¿qué ocurre, ¿a quién se le tiene que informar y qué tiene
que hacer Número uno, al agente del Ministerio Público o a cualquier
otra autoridad que esté presente y que esté cerca, y esta autoridad tendrá
la obligación, a su vez, de hacerlo del conocimiento del Ministerio
para iniciar una investigación y en su momento consignar esos hechos
ante un juez. Esta obligación de iniciar la averiguación previa por
parte del Ministerio es una obligación ineludible, inclusive la ley
impone sanciones para el caso en que no lo haga, y para todos los ser-