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62 comisión nacional de los derechos humanos
tivo, ejecutivo y judicial según les corresponda a cada uno de ellos la
competencia de contribuir a elaborar el régimen positivo de los de rechos
fundamentales.
Una de las discusiones clásicas en materia de la definición de derechos,
consiste en la relación entre un derecho y la acción judicial que
puede hacerse valer para exigirlo. Duverger señala que para asegurar
la protección de las libertades a través del control de la constitucionalidad
de las leyes es preciso que los ciudadanos puedan ponerlo también
en marcha, y en este sentido es un órgano con el carácter de tri bunal el
que ejerce el control constitucional.
En relación con diversos derechos, como los económicos, los sociales,
los culturales o los que contempla la propia ley a la que me he referido
y su posible justiciabilidad, es frecuente que se insista en la falta
de acciones o garantías procesales concretas que los tutelen efectivamente,
en razón del carácter colectivo y muchos reclamos vinculados
con derechos sociales, su inadecuada estructura o la particular posición
del Poder Judicial para exigir el cumplimiento de obligaciones que
consisten en disponer de recursos o fondos públicos.
En este sentido, podemos distinguir cuatro niveles de obligaciones
estatales, obligaciones de respetar, de proteger, de garantizar y de promover
el derecho en cuestión. Las primeras, las obligaciones de respetar,
se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o
impedir el acceso en el goce de los bienes que constituyen el objeto del
derecho; las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros
injieran, obstaculicen o impidan el acceso a estos bienes; las obligaciones
de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho
acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo; y las últimas,
las obligaciones de promover, se caracterizan por el deber de desarrollar
condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.
Las obligaciones de respetar están fundamentalmente ligadas con
obligaciones negativas o de abstención, y las de proteger, asegurar y
promover involucran un mayor activismo estatal y por ende un número
mayor de obligaciones positivas o de conducta.
En razón de lo anterior, resulta imprescindible distinguir entre el derecho
subjetivo de sus garantías que para su tutela efectiva establece o
debe establecer el ordenamiento. Para conferir un derecho es suficiente
una norma redactada precisamente como norma atributiva de derechos;
para garantizar un derecho no es suficiente atribuirlo, es necesario tam-