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76 comisión nacional de los derechos humanos
14 no comete infracciones penales nunca y sólo es visto como víc tima
potencial de delitos, como expresamente se prevé en la parte especial
de cualquier código penal, que particularmente protege al menor
frente a agresiones sexuales, abusos sexuales, explotación, prostitución,
empleos en actividades prohibidas, corrupción de meno res, maltrato
familiar, violencia de género, compra y venta de infantes, substracción
de menores, abandono de pequeños, en multitud de de litos que afectan
a los bienes jurídicos personales.
Además, se contienen en la legislación española general, en el Código
Penal Español, concretas referencias a los menores en delitos
específicos, como los sexuales. Un problema ya clásico es el del límite
de edad para la prestación del consentimiento válido en las relaciones
sexuales y el de la determinación del bien jurídico en dichas figuras.
Aquí no se protege sólo la libertad sexual, sino la indemnidad o intangibilidad
sexuales, porque no es sólo libertad pasiva o activa, sino
que se trata de una idea todavía más propia del menor: la intangibilidad
o intocabilidad.
Por lo demás, se ha discutido ampliamente en los meses pasados
sobre la posibilidad de variar la edad de 13 años como límite mínimo
de prestación de consentimiento, como en el nuevo delito de childgrooming,
que incrimina la propuesta de encuentro a menor de 13
encaminado a un acto de acercamiento del mismo con fines sexuales.
Un reto de hoy, de ayer y de mañana
El derecho penal va dando pasos lentamente en pro de un tratamiento
más adecuado de la delincuencia juvenil. No es una tarea fácil: qué
trabajo cuesta introducir una institución penal, una mejora, una reforma,
cuántos recelos tiene la política criminal, la ciencia de la política
legislativa en materia penal, qué poco se oyen los ecos de científicos
de las exigencias de la política criminal moderna en los
parlamentos que configuran las leyes penales de cualquier parte del
mundo, cómo se maltrata institucionalmente a veces al menor, etc.
Son sensaciones que se tiene a la vista del vaivén de muchas reformas
penales en esta materia.
Además, hay una victimización que es ya prelegislativa, una victimización
institucional, otra normativa, del sistema, y todo ello va en
detrimento del menor, que ante todo es persona en derecho.