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décimas jornadas nacionales sobre víctimas del delito 75
por eso nos ha planteado el gran interés de que el menor no es igual
que el mayor, persona titular de derechos y deberes, y responsable de
la gestión de los mismos, pero tiene una cierta responsabilidad y es
aquella que se establece en medidas responsabilizadoras, medidas de
seguridad penal, de aseguramiento, de educación, formativas, educativas,
pedagógicas, integradoras, de formación del menor integral.
Conforme a esos principios, se ha invocado muy acertadamente el
principio básico del superior interés del menor, empleado por la legislación
española en este sentido.
El legislador ha llegado al convencimiento de que ese interés superior
del menor prevalece en un conflicto de intereses sobre cualquier otro
y, por lo tanto, constituye una exigencia que ha de atender el derecho
penal en su regulación normativa, a través de medidas de una responsabilidad
no a nivel de culpabilidad pero sí a nivel de peligrosidad
criminal. Las medidas que se imponen al menor no son, pues, penas,
pero sí medidas de seguridad jurídico-penales o —con otras terminologías
equivalentes a ésas— medidas de mejora, cuidado, integradoras,
educativas, formativas, etc. Para ello, el apoyo de los programas más
adecuados de la criminología, la sociología, las ciencias que estudian
la conducta de la persona, la orientación científica y técnica, se aportan
las pautas de ese tratamiento.
Algunas referencias al modelo español
de protección de menores
El modelo español propone uno de los ejemplos posibles dentro de
esta materia, como otros que se prevén en el ámbito comparado. En
España existe un único Código Penal de mayores de edad, adultos a
partir de los 18, en la que se sitúa el tránsito de la minoría a la ma yoría
de edad, como en la mayoría de los sistemas penales comparados. Y
ade más existe un segundo sistema de menores de edad, contenido en
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores, y que se aplica a los actos de autores de
edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.
Ello quiere decir que el moderno derecho penal, garantista, preventivo,
no sancionador-retributivo sino preventivo-criminal, asistencialintegrador,
debe renunciar y dejar fuera del tratamiento penal al menor
de 14, que únicamente es visto en su vertiente victimológica: el menor de