Revista Etnias & Política No 7 - Observatorio Étnico Cecoin

etniAS & PoLÍticA
LA CORTE ENCONTRó QUE EL CONTENIDO DE
LA LEy GENERAL FORESTAL AFECTABA
DE MANERA PARTICULAR A AQUELLOS SECTORES
QUE TIENEN UNA RELACIóN MÁS ESTRECHA
CON LOS BOSQUES y CON LA ACTIVIDAD
FORESTAL, ENTRE QUIENES SE ENCUENTRAN
LAS COMUNIDADES AFRO E INDíGENAS.
y específica regula situaciones que repercuten
en las comunidades indígenas y tribales, o
porque del contenido material de la medida se
desprende una posible afectación de tales comunidades
en ámbitos que les son propios. 13
2. ¿En qué condiciones de tiempo, modo y lugar
debe producirse esa consulta?
Dado que el Convenio 169 no establece reglas de
procedimiento, y hasta tanto el legislador no regule
la materia a nivel interno, las condiciones de
tiempo, modo y lugar deben atender al mandato de
flexibilidad contenido en el Convenio. Aún así, para
la Corte es claro que este mandato no deja la consulta
sometida por completo a la discrecionalidad de
los Estados. Los principios de buena fe, efectividad,
conducencia, utilidad y oportunidad deben ser
aplicados al momento de definir las condiciones
en que se realizará la consulta. Así mismo, la Corte
estableció que los requisitos desarrollados en la sentencia
SU-039 de 1997 son aplicables a la consulta
previa de medidas legislativas. Dichos requisitos
son: a) el conocimiento pleno de la medida por parte
de las comunidades; b) una suficiente ilustración
sobre posible afectación que esta pueda acarrear
para la comunidad; c) la oportunidad para valorar
las ventajas y desventajas de la medida libremente
y sin interferencias; d) que la consulta involucre a
[13] Id.
las organizaciones/instituciones genuinamente
representativas de la comunidad; e) que la comunidad
se manifieste mediante sus representantes
autorizados; f) que ante la imposibilidad de acuerdo
o concertación la decisión estatal sea proporcional.
Por último, la Corte reafirmó que no tiene el valor
de consulta la mera información o notificación
sobre la medida, y juzgó necesario especificar que
corresponde al gobierno promover la consulta tanto
de los proyectos de ley que son de su iniciativa, como
de aquellos que no los son.
3. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la omisión
frente al deber de consulta?
Según la Corte, existen tres consecuencias jurídicas
posibles frente a la omisión del deber de consulta
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