Revista Etnias & Política No 7 - Observatorio Étnico Cecoin

etniAS & PoLÍticA
A diferencia del Convenio, la Declaración prevé que
en caso de que no se agote el procedimiento de consentimiento
con estos criterios, el Estado se ve en
la obligación de reparar y resarcir los derechos a los
pueblos o comunidades afectadas.
Otro asunto particular que llama la atención de
la Declaración es que señala taxativamente los
derechos que son objeto de consentimiento libre,
previo e informado a lo largo de todo el texto. Estos
son: para ser desplazados de sus tierras o territorios
(art. 10); para privarlos de sus bienes culturales,
intelectuales, religiosos y espirituales (art. 11.2);
para la adopción de decisiones en las cuestiones
que afecten sus derechos y antes de aplicar medidas
legislativas o administrativas que los afecten (arts.
18 y 19); cuando se pretendan almacenar o eliminar
materiales peligrosos en sus territorios (art. 29.2);
antes de desarrollar actividades militares en sus territorios
(art. 30); para aprobar cualquier proyecto
que afecte sus territorios, entre los que se cuentan
los relativos al desarrollo y explotación de recursos
naturales (art. 32)
discusiones frente al carácter vinculante
de las declaraciones de la onU
Las Declaraciones son adoptadas a través de resoluciones
de la ONU, y reciben ese nombre para resaltar
la importancia de su contenido. Pero el hecho de
que se dicten a través de Resoluciones ha propiciado
diversas posiciones de los estudiosos para negar o
aceptar las obligaciones de los Estados de cumplir
dichos preceptos (Ponce, 2001-2002, pp. 253-279),
lo cual tiene relevancia al momento de exigir los derechos
ante tribunales nacionales e internacionales,
o buscar la solidaridad de otros Estados para presionar
el acatamiento del derecho internacional.
En primer lugar, hay quienes consideran que al tener
las resoluciones un carácter facultativo emanado de
la Carta de Naciones Unidas, sus contenidos serán
principios o sugerencias para los Estados: “es prioritariamente
un producto ideológico propiciado por
aquellos que pretenden otorgar obligatoriedad a
ciertas resoluciones de la ONU” (Barberis, 1990, p.
495) negando tajantemente su carácter obligatorio
o vinculante.
Otros reconocen la importancia jurídica de las Declaraciones
pero no se pronuncian frente a su carácter
vinculante (Roldán, 1996, p. 101). La reconocen
como una ley imperfecta ya que son declaración de
principios que no contempla una sanción a los Estados
que la incumplan (Bernard, 1991, p. 31).
Un tercer grupo le reconoce su obligatoriedad jurídica
porque consideran que sus contenidos hacen
parte de la costumbre internacional, o son una
interpretación autorizada de la Carta de la ONU a la
que la comunidad internacional le otorga fuerza vinculante,
o también pueden ser principios generales
o fundamentales del ordenamiento internacional.
Finalmente, algunos doctrinantes consideran que
las Declaraciones hacen parte del derecho de gentes
o ius cogens, tienen como principal fuente la costumbre
o el derecho consuetudinario (Sanjosé, 1992,
pp. 19 y 20), y se definen como una norma aceptada
y reconocida por la comunidad internacional de
Estados que no admite acuerdo en contrario y sólo
puede ser modificada por una norma posterior de
derecho internacional general que tenga el mismo
carácter (Convención de Viena, 1993, artículo 53).
La declaración de los Pueblos
y el derecho de Gentes
De las discusiones recogidas es posible apreciar que
aún no existe una norma internacional que niegue
o reconozca taxativamente el carácter vinculante
de las Declaraciones de la ONU. Partiendo de este
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editorial PUntoS de ViStA indígenas de América Actualidad documentos
[ Pueblos, Autonomía y Libre Determinación ]