Revista Etnias & Política No 7 - Observatorio Étnico Cecoin

etniAS & PoLÍticA
que que causó varios heridos, que se cumpliera una
inspección en cumplimiento de las leyes 1715 y 3545
de reforma agraria y función social de la propiedad
(APG, 2008). Así entienden los departamentalistas
el ejercicio de la autonomía en los asuntos de tierras
y régimen laboral.
En todo el mundo, la única forma de romper la arbitrariedad
latifundista, patronal y racista es lograr
que las leyes de tierras, derechos laborales y contra
la discriminación racial sean centralizadas y aplicadas
por el Estado central, debido al control local
o departamental que establecen los gamonales
y racistas. Así, fueron las autoridades “federales”
(centrales) las que impusieron en Estados Unidos
las leyes de derechos civiles contra la discriminación
racial. Solamente protegidos por la guardia nacional
estadounidense podían los estudiantes afroamericanos
entrar a colegios y universidades bloqueados
por gobernadores como George Wallace, alcaldes y
turbas de linchadores racistas.
El artículo 398 del texto de Nueva Constitución
Política del Estado encausa la lucha contra el latifundio,
considerado no solamente como tierra
desperdiciada o que no cumple la función social de
la propiedad, sino además como haciendas donde
se somete al trabajador a condiciones serviles, de
semiesclavitud o esclavitud, o cuya extensión supera
un límite de hectáreas en manos de un propietario
(5 mil o 10 mil). Estas dos últimas causales de la calificación
de una finca como latifundio pretenden ser
EL ESTATUTO DEPARTAMENTALISTA NO PERMITE
QUE EL TERRITORIO INDíGENA COMO TAL SEA
CONSIDERADO ENTIDAD TERRITORIAL AUTóNOMA,
E IMPONE A LOS INDíGENAS COMO úNICA FORMA
POSIBLE DE AUTONOMíA ACOGERSE A LA INSTITUCIóN
MUNICIPAL HISPANA, EXTRAñA A SU PROPIA CULTURA.
eliminadas por el artículo 104 del estatuto departamentalista,
que además sólo reconoce la propiedad
privada “tanto individual como colectiva”, y elimina
la definición radicalmente diferente del carácter de
la propiedad colectiva como inalienable, inembargable,
imprescriptible, indivisible e irreversible que
el artículo 394 III del texto de Nueva Constitución
Política del Estado reconoce a las propiedades colectivas
o comunitarias indígenas y campesinas.
Por otra parte, el artículo 6 de los departamentalistas
también otorga autonomía legislativa al
departamento para definir sobre el ordenamiento
territorial, únicamente en concurrencia con los gobiernos
municipales autónomos, sin atender a los
derechos de los pueblos indígenas, desatendiendo el
régimen de autonomía de Bolivia.
En cambio, el texto de la Nueva Constitución Política
del Estado establece en el artículo 290, que
“la autonomía indígena originaria campesina es
la expresión del derecho del autogobierno como
ejercicio de la autodeterminación de las naciones y
los pueblos indígenas originarios y las comunidades
campesinas, cuya población comparte territorio,
cultura, historia y lenguas, organización o instituciones
jurídicas, políticas, sociales y económicas
propias”. Así, el artículo 292 de este texto reconoce
tres tipos de entidades territoriales indígenas: los
territorios indígenas, los municipios indígenas y las
regiones indígenas.
El estatuto departamentalista no permite que el
territorio indígena como tal sea considerado entidad
territorial autónoma, e impone a los indígenas
como única forma posible de autonomía acogerse a
la institución municipal hispana, extraña a su propia
cultura. Tampoco considera la alternativa de que los
territorios o municipios indígenas se asocien en regiones
indígenas. La diferencia es clara pues la Nueva
Constitución Política, desde su artículo 1, define
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