Revista Etnias & Política No 7 - Observatorio Étnico Cecoin

vor de los pueblos indígenas, esto se evidencia en
la justificación del gobierno para abstenerse de
votar la Declaración cuestionando los derechos a
la libre determinación contenidos en los artículos
19, 1 30, 2 32, 3 (ver Rey, 2007, pp. 80-81). Por razones
prioritarias de la nación en su agenda de desarrollo,
explotación de recursos naturales, control territorial
y conflicto armado, viene adoptando la tesis de un
sector de la doctrina que considera dicho instrumento
como no vinculante, y en esta medida pre-
[1] Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas
interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas y administrativas que los afecten, para
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
[2] Artículo 30. Num 1. No se desarrollarán actividades
militares en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas, a menos que lo justifique una amenaza
importante para el interés público pertinente o que se
hayan acordado libremente con los pueblos indígenas
interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
Num. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos
apropiados y en particular por medio de sus
instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras
o territorios para actividades militares.
[3] Artículo 32. Num. 1. Los pueblos indígenas tienen
derecho a determinar y elaborar las prioridades y
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos.
Num. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
de buena fe con los pueblos indígenas interesados por
conducto de sus propias instituciones representativas
a fin de obtener su consentimiento libre e informado
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación
de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
Num. 3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces
para la reparación justa y equitativa por esas actividades,
y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico,
social, cultural o espiritual.
tende su inobservancia. Es importante abordar estas
cuestiones para insistir en la necesidad de promover
su aplicación en las Altas Cortes y su observancia
por los Estados dando vida al nuevo contenido de
derechos estipulado en la Declaración Universal de
Derechos de los Pueblos Indígenas.
La definición de pueblo como
piedra angular de otros derechos
Ningún instrumento internacional trae consigo una
definición de pueblo indígena, esto no es un olvido
deliberado, porque desde hace varias décadas los
pueblos indígenas han reivindicado que esta noción
sea igual a la de las demás naciones del mundo. No
obstante, en la doctrina internacional se ha encontrado
en la definición del informe conocido como
“Martínez Cobo”, un amplio consenso sobre la
noción aquí presentada de pueblo indígena, noción
que tuvo una importante presencia en las discusiones
del Convenio 169:
Son comunidades, pueblos y naciones indígenas
las que teniendo una continuidad histórica
con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios,
se consideran distintos de otros sectores
de la sociedad que ahora prevalecen en esos
territorios o en parte de ellos. Constituyen sectores
no dominantes de la sociedad y tienen la
determinación de preservar, desarrollar y transmitir
a futuras generaciones sus territorios ancestrales
y su identidad étnica como base de su
existencia continuada como pueblo, de acuerdo
con sus propios patrones culturales, sus instituciones
sociales y sus sistemas legales. 4
[4] Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/sub 2/1986/.
“Estudio del problema de la discriminación contra las
poblaciones indígenas”.
25
editorial PUntoS de ViStA indígenas de América Actualidad documentos
[ Alejandra García, Carlos Zapata ]
Junio de 2008