Revista Etnias & Política No 7 - Observatorio Étnico Cecoin

Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en reiteradas
ocasiones agredieron a varias personas en Santa Cruz. La
violencia física también estuvo acompañada de atentados
dinamiteros, amenazas, persecuciones y otras acciones
contrarias a los derechos humanos, pero nadie hizo nada.
En los últimos días en Sucre, el diputado Wilber Flores fue
agredido, lo mismo ocurrió con los parlamentarios potosinos
Carmen Flores y César Navarro, o con la senadora
cochabambina Leonilda Zurita.
Si en Sucre ocurren esos hechos de violencia, en poblaciones
rurales de Santa Cruz la situación es igual o peor.
Días después del referendo autonómico en San Ignacio de
Velasco, representantes cívicos y el principal dirigente indígena
chiquitano agredieron al sacerdote Adalid Vega Veizaga
a quien acusaron de ser militante del MAS y contrario
al proceso de las autonomías. Al religioso le exigieron que
abandonara la región, y ninguna autoridad impuso la ley.
Las agresiones no sólo fueron para campesinos, indígenas
o gente común, sino también para ministros y el propio
presidente y vicepresidente de la República que virtualmente
no tienen pisada en algunas regiones del país.
¡Basta ya!
En este país para nadie es desconocido que la “justicia” boliviana
está manejada por representantes del viejo modelo
neoliberal. El aparato de la justicia que fue “loteado” por
los partidos neoliberales está manejado por gente ligada al
anterior régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Aunque la Fiscalía del Distrito de Chuquisaca anticipó que
existiendo una denuncia interpuesta sobre los hechos del
pasado sábado, éstos serán investigados, no existe ninguna
confianza.
La fiscal de Distrito de Chuquisaca, Ana María Lía, afirmó
que el Ministerio Público procederá a investigar conforme
establecen las leyes.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió que una
fiscalía de Distrito que no sea Chuquisaca investigue los
violentos hechos contra campesinos en Sucre, porque
considera que la justicia chuquisaqueña perdió imparcialidad
al estar sometida a sectores cívicos.
“Estos hechos no sólo se tienen que censurar, sino deben
ser sancionados. [Pero] la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca
no tiene las condiciones para desarrollar una investigación
parcial, ni siquiera sus tribunales, porque en los
últimos meses demostraron su absoluta subordinación a
la instancia cívica”, manifestó.
Ante las acciones fascistas y racistas, desde diferentes puntos
del territorio nacional salió el clamor popular de decir
¡basta! También se demanda gobernabilidad.
En el proceso de la revolución democrática y cultural es
hora de hacer un alto a la violencia y al racismo, es hora
de buscar el diálogo y el consenso, es hora de consolidar el
cambio y la unidad.
Junio de 2008