Simplificación de trámites para la creación de empresas - Fundes

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9. Conclusiones
Los trámites administrativos para el registro, inscripción y funcionamiento de empresas son una
función básica del Estado y una necesaria obligación para aquellos ciudadanos que desean
integrarse como actores económicos de la sociedad. Sin embargo, la tramitología en la mayoría de
los casos resulta inadecuada, excesiva, costosa y agobiadora, afectando negativamente el clima de
negocios de los países.
Guatemala no es la excepción en lo que se refiere a la complejidad de los trámites para
registrar nuevas actividades económicas. En “La política nacional para el desarrollo de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas” se afirma que “…los trámites que deben realizar las MIPYME
para formalizarse y otros trámites relacionados con la gestión de los negocios, son demasiados
complejos y demandan tiempo y esfuerzo, especialmente cuando éstos no están centralizados en
una misma repartición pública…” 45 Observamos también que esa dificultad, estaba relacionada
con una falta de coordinación entre las diferentes instituciones públicas, que obliga al ciudadano
y al emprendedor a invertir mucho tiempo siguiendo el proceso.
Estos mismos hallazgos estuvieron presentes en el diagnóstico realizado con
posterioridad y en los resultados de grupos focales efectuados con empresarios, tramitadores,
abogados y contadores. Se encontró que los obstáculos primordiales que deben enfrentar los
empresarios son los siguientes: (i) existencia de trámites complejos, (ii) información dispersa
sobre los trámites, (iii) ausencia de un punto único en el cual puedan realizarse todos los trámites,
(iv) múltiples visitas a las diferentes instituciones, (v) necesidad de completar tantos formularios
como trámites a realizar, muchos de ellos con información duplicada y de difícil comprensión,
(vi) ausencia de coordinación y de intercambio de información entre las instituciones públicas,
(vii) ausencia de sistemas de información modernos en casi todas las instituciones, (viii)
necesidad de presentar gran cantidad de documentos para corroborar la veracidad de los datos que
se aportan, (ix) necesidad de acudir varias veces a las ventanillas del banco para pagar distintas
tarifas; y (xi) ausencia de plazos de cumplimiento para la aprobación de solicitudes.
Como resultado de ello, se tenía que cuando un empresario decidía inscribir un nuevo
negocio para operar formalmente cumpliendo con los requisitos legales en el Registro Mercantil,
en la Superintendencia de Administración Tributaria y en Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, incluyendo la autorización de libros, máquinas registradoras y la publicación
correspondiente en el Diario de Centroamérica, debía emprender un complejo proceso de 191
pasos, cumpliendo con 10 diferentes procesos de inscripción y de autorización, presentando 10
formularios con un total de 59 requisitos muchos de ellos repetidos, visitando 15 veces las
instituciones, de las cuales 10 eran visitas al banco para realizar pagos diferentes. Dedicándose
solo a realizar todos esos procesos, el empresario debe invertir 17 días hábiles, por supuesto sin
poderse ocupar del negocio.
Es por ello que con toda claridad en la “Política nacional para el desarrollo de la
MIPYME”, se tiene como un objetivo específico el “diseño de un marco regulatorio simplificado,
que facilite la formalización, disminuya los costos de transacción y aumente la transparencia…”.
De manera particular conviene agregar que la misma política señalada contempla la “…propuesta
de creación de una Ventanilla Única para simplificación de trámites administrativos para
formalización de empresas…” de manera coordinada “…con las diferentes instituciones como el
Registro Mercantil, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social…” 46
45 Ministerio de Economía. Op. Cit. Página 9.
46 Ministerio de Economía. Op. Cit. Página 41.
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