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capacitación y colocación de trabajadores cualificados (Gran
Misión Saber y Trabajo), pensiones a adultos mayores que no
pudieron cotizar a la seguridad social (Gran Misión Amor
Mayor) y apoyo a los agricultores con créditos y distribución
de sus productos (Gran Misión AgroVenezuela). En total tenían
una financiación asignada de veintiséis mil millones de
dólares, básicamente provenientes de Petróleos de Venezuela.
La esperanza de alcanzar el apartamento o la nevera
prometida, o bien de conservar la vivienda pública ya
obtenida, era un buen modo de tener cautivo al votante, por el
temor a un cambio de gobierno que acabara con esas dádivas o
por la extendida desconfianza sobre la confidencialidad del
voto. ¿A qué, si no, la insistencia de Chávez a los encargados
de los programas de que se alcanzaran los diez millones de
personas? A esa cifra se llegó en 2012 entre los beneficiarios
de las grandes misiones y el número de funcionarios. En
cuanto a estos, Venezuela había pasado de los 1,3 millones en
2002, a 2,4 millones diez años después. Un incremento del 83
por ciento debido a nacionalización de empresas y al
estiramiento de la plantilla de Pdvsa. En 2012, casi el veinte
por ciento de la población activa de Venezuela eran
trabajadores públicos, frente al cuatro por ciento en Colombia
o el poco más del ocho por ciento en Perú. Por su parte, las
personas apuntadas a las grandes misiones alcanzaban los 7,9
millones un mes antes de las elecciones. Ambos grupos
sumados –ser funcionario impedía registrarse en las grandes
misiones, y estas eran excluyentes entre sí– suponían un total
de 10.392.127 personas.
¿Por qué importaba alcanzar ese umbral? Porque con ello
se había creado dependencia sobre la mitad del electorado.
Esa cifra total era el 54,9 por ciento del censo (en realidad