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Albet, vinculada a la Universidad de las Ciencias
Informáticas, que dependía de Valdés. De acuerdo con uno de
los documentos del contrato que obtuve, la parte cubana
manejó millones de soportes vírgenes para producción de
carnets de identidad y pasaportes. La falta de trasparencia del
proceso sembraba dudas sobre el destino de esos soportes, sin
descartarse que pudiera estar relacionado con casos de
identidad falsa de votantes en las elecciones, algo tantas veces
denunciado por la oposición. Valdés se marchó de Caracas sin
arreglar el problema eléctrico, pero en las siguientes
elecciones presidenciales la conectividad informática Cuba-
Venezuela probó ser decisiva. También eran cubanos los
sistemas informáticos de la presidencia de la república y de
los ministerios, así como de los programas sociales, los
servicios policiales y la petrolera Pdvsa.
Además de gestionar el Sistema Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que ponía en
manos de La Habana la base de datos personales de los
venezolanos, los cubanos también pasaron a encargarse del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), que
incluía registros civiles, mercantiles y de la propiedad, lo que
les daba conocimiento sobre bienes y transacciones.
Asimismo, tenían labores de codirección en los puertos,
presencia en aeropuertos y puestos de control migratorio y
mando sobre diversas esferas de la administración pública
venezolana. Entre estos últimos estaban los casos de Bárbara
Castillo, militante del Partido Comunista de Cuba, con gran
autoridad en la gestión de los recursos alimenticios de
Venezuela, cuyo reparto en situaciones de escasez constituía un
arma ideológica, y de Rosa Campo Alegre, quien al
desempeñar labores de supervisión del plan de estudios de la