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dogmático. «Decidió que no se pelearía ni con los gringos ni
con el capital», dice gráficamente Farah. «Invitó a la empresa
privada a que hicieran los negocios juntos y estableció una
alianza con todas las grandes fortunas de Nicaragua, por eso
no se levantó especial oposición patronal frente al cambio de
la Constitución impulsada por Ortega para una posible
reelección indefinida». Al mismo tiempo, aceptó cierta
colaboración con Estados Unidos en materia de lucha
antinarcóticos. Dejó que la agencia antidroga estadounidense,
la DEA, monitoreara la ruta atlántica, donde tiene lugar la
mayoría de las aprehensiones, mientras permitía el paso de
estupefacientes por la ruta del Pacífico. En esa actividad,
según Farah, Ortega no quiso ni carteles mexicanos ni maras,
pues esos grupos traen violencia y suponen un problema con
Estados Unidos. Tampoco quiso pago en especie, sino con
dinero, de esta forma poca droga se quedaba en el mercado
interno y se evitaba la violencia que su uso genera.
La Nicaragua de Ortega, como también la Bolivia de Evo
Morales y el Ecuador de Rafael Correa, que se estaban
abriendo más a la empresa privada de lo que lo hicieron en un
principio, gustaban de presentarse como posible modelo para
el relevo del chavismo entre la izquierda latinoamericana.
Para ello alegaban su buena marcha económica. Sin embargo,
ninguno tenía la capacidad de generar las complicidades
transnacionales que se dieron con la Venezuela de Hugo
Chávez.
Estados Unidos, además, había aprendido algo. Si quería
restablecer su autoridad en el Caribe, o al menos evitar que
alguien rivalizara en atraer voluntades en la región, tenía
precisamente que seguir los pasos estratégicos de Venezuela:
ayudar a las naciones de la cuenca, especialmente las