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aérea de bandera venezolana. Una de las facturas revisadas
por la investigación de la Fiscalía de Distrito de Manhattan
hacía referencia a un envío remitido a Cavim en un avión de
Conviasa por parte de la empresa Kimia Sanaat, implicada en
el desarrollo de aviación no tripulada e incluida en 2008 en la
lista negra de la ONU por supuesta relación con proyectos de
armas de destrucción masiva. Se trataba de una sociedad
integrada en el conglomerado iraní Aviation Industries
Organization (AIO) de las Fuerzas Armadas iraníes. El
Proyecto M2 era llevado a cabo entre Cavim y AIO.
Documentación confidencial de la operación financiera
apuntaba a posibles aspectos secretos de este programa. La
realización de lo que debía ser una fábrica de drones (dos
hangares y un edificio de control) fue reservada a AIO y esta
encargó la ejecución, bajo capataces iraníes, a una empresa
local, habitual contratista de obras para los militares
venezolanos. La construcción quedó terminada en 2010 y por
ella el contratista cobró 2,4 millones de dólares, transferidos a
su cuenta en una sucursal del Banco Santander en Valparaíso
(Chile), entidad que autorizó la operación a pesar de ser
informada de quién era el remitente (incluido en las sanciones
de la Unión Europea) y del carácter militar del proyecto. El no
elevado coste de las instalaciones ni de los drones contrastó
con los 28 millones de dólares que Cavim pagó a AIO, en una
transferencia a través de Commerzbank en Fráncfort,
utilizando un pago en dólares luego convertido en euros que
burlaba la vigilancia bancaria. De ese monto, más de la mitad
correspondía a los conceptos genéricos de «asistencia
técnica» y «documentos técnicos».
Del proyecto se encargó el ingeniero de la Guardia
Revolucionaria Ramin Keshavarz, quien previamente había