bumeran-chavez-los-fraudes-que-emili-blasco

julio de 2014 contra el general Hugo Carvajal. Fue desvelado
cuando el Pollo pudo ser detenido fuera de Venezuela. Pero
también podía haber otras causas abiertas contra personas
igualmente ya señaladas por el Tesoro, en aplicación de la
Kingpin Act o ley contra los capos de la droga, como Ramón
Rodríguez Chacín y Henry Rangel Silva. En las
investigaciones, además, habían salido nombres de dirigentes
incluso más altos, como Rafael Ramírez, Adán Chávez, Tareck
el Aissami, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. El
indictment contra Cabello parecía haber quedado listo para
abril de 2015.
La DEA tiene como responsabilidad «la investigación y la
preparación para el enjuiciamiento» de los narcotraficantes
que operen «a niveles interestatales e internacionales». Aporta
las pruebas para inculpar a los responsables, pero luego es la
Fiscalía la que debe presentar el caso ante los tribunales.
Además, si se requiere la entrada en Estados Unidos de
testigos protegidos para reforzar las acusaciones o la
extradición de personas para ser juzgadas, entonces entra en
juego el Departamento de Estado o, en el supuesto de estar
implicados altos políticos, la Casa Blanca.
¿Por qué, si tantas pruebas apuntaban a que el chavismo
convirtió Venezuela en un narcoestado, Washington no había
actuado con presteza para castigar a esos capos institucionales
responsables de impulsar un comercio que colocaba toneladas
de narcóticos en Estados Unidos? Primero pudo haber falta de
testimonios, pero la desaparición de Chávez y la inestabilidad
de Maduro los impulsó, así que la demora podría atribuirse a
un deseo de la Casa Blanca de no entorpecer las
conversaciones abiertas secretamente con Cuba para el
restablecimiento de relaciones diplomáticas.