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embajadora Zoed Karam, aunque los datos que comprometían
al Gobierno de Chávez tardaron en aparecer. Cuarenta
contenedores con más de trescientas toneladas de armas fueron
interceptados por Israel cerca de Chipre en un barco, el
Francop, con bandera de Antigua. Luego se supo que la carga
había sido llevada desde Venezuela hasta el puerto de Bandar
Abbas, en Irán, y que de allí pasó al de Damietta, en Egipto,
de donde salió el barco finalmente interceptado. Su
destinatario era Hezbolá, con entrega prevista de la mercancía
en un puerto de Líbano o Siria. La carga –miles de cohetes
katiushas, proyectiles de mortero, obuses y otras municiones,
de origen ruso– llevaba inscripciones en español e iba en
contenedores marcados con códigos iraníes.
La actividad delictiva de Hezbolá en Venezuela y en el
resto de Latinoamérica no era a gran escala, ni era atribuible
siempre a la propia organización. La financiación que lograba
el grupo era muchas veces a través de compatriotas no
reclutados y que contribuían económicamente por afinidad
ideológica o por presión del entorno en el que se encontraban.
En realidad no existía un único modelo, tal como recoge el
estudio de Matthew Levitt citando oficiales de la DEA.
«Algunos pertenecen a familias vinculadas con Hezbolá,
algunos simplemente pagan dinero a Hezbolá porque
representa la causa [de resistencia contra Israel y Occidente].
Parte de lo que vemos es Hezbolá activamente implicada en
drogas [como grupo], parte son simplemente libaneses chiís
implicados en drogas que sucede que son simpatizantes de
Hezbolá».
En el caso de Venezuela, sin criminalizar lógicamente a la
mayoría de la población musulmana originaria de Oriente
Medio, la financiación del terrorismo de Hezbolá y Hamás