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dedicada al desarrollo de prototipos de pequeñas plantas
nucleares. En el momento de la presentación de la demanda, el
hedge fund del que procedía el dinero, Short Term Liquidity I
Ltd, tenía un valor de quinientos cuarenta millones de dólares,
el noventa por ciento de los cuales correspondía al fondo de
pensiones de los trabajadores de Pdvsa.
El proceso fue noticia por las razones equivocadas. En
primer lugar, porque fue presentado como un esquema Ponzi,
cuando propiamente no lo era, pues en el fraude piramidal los
primeros inversores reciben como intereses el dinero de
nuevos inversores, pero en este caso había rentabilidad
procedente de las operaciones realizadas. Y en segundo lugar,
porque las pérdidas no eran tan astronómicas: de los 2.183
millones de dólares de compensaciones que inicialmente
reclamaron los clientes, el interventor rebajó la cifra a casi
trescientos millones. La mayoría habían abultado sus
demandas. Entre ellos uno de los principales empresarios de
Venezuela, Oswaldo Cisneros, que había sido socio de
Illarramendi en el fondo Highview Point Offshore. Cisneros
rebajó su primera demanda de 1.354 millones, hecha bajo
juramento, a solo veinte millones. Probablemente algunos
habían querido aprovechar la tesitura para maquillar sus
propias cuentas. La defensa de Illarramendi alegó que en
realidad no hubo pérdidas, pues los inversionistas ya se
habían beneficiado con creces anteriormente. De hecho, Pdvsa
acabó asegurando que no se había causado perjuicio a su
fondo de pensiones. El juez desoyó ese argumento sobre
beneficios pasados reales y condenó al financiero a trece años
de prisión por fraude.
Más allá de Illarramendi –al fin y al cabo, un operador, a
quien sobre todo puede objetarse el hecho de que se tapara la