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advertencia. Algunos casos de muertes no esclarecidas eran
suficiente alarma. Pancho llegó a la conclusión de que ni en
Estados Unidos se encontraba seguro».
En una ocasión, de acuerdo con su relato, la amenaza vino
directa de un testaferro de algunos de los hombres más
poderosos del régimen y que más dinero oculto manejaban,
Diosdado Cabello y Alejandro Andrade. Ese intermediario,
Danilo Díaz Granados, le exigió a Francisco Illarramendi,
durante una visita a Caracas, que pagara la cantidad prometida
de una venta de bonos de Crédite Lyonnais que habían bajado
de precio en el mercado y aportaban menos dinero del
esperado. Díaz Granados defendía los intereses de más
personas, entre ellas la contraalmirante Carmen Meléndez de
Maniglia, que sería ministra del Despacho de la Presidencia
en la transición entre Chávez y Maduro y luego titular de
Defensa. En ese clima intimidatorio el financiero pagó lo
exigido, a costa de crear un déficit de cinco millones de
dólares en sus cuentas.
Esas pérdidas serían señaladas por la SEC estadounidense
como supuesta evidencia de que se trataba de un fraude
piramidal. «Pero eso no es verdad», objeta Illarramendi Sr,
«porque había docenas de operaciones diarias, que iban
dejando muchas ganancias. Lo que pasa es que mucha gente
tiene miedo a ser llamada a declarar». Había muchos que no
querían que se supiera que se habían llevado abultados
beneficios. Y la propia Asamblea Nacional venezolana,
controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y presidida por Diosdado Cabello, corrió a tapar
sospechas, con una rápida y superficial investigación
parlamentaria que concluyó que todos los servidores públicos
implicados en el caso eran inocentes. ¿Todos inocentes? El