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fue un mano a mano básicamente entre la Guardia Nacional, en
especial su rama conocida como Guardia del Pueblo –un
apéndice en gran parte miliciano instituido tres años antes por
Chávez– y los colectivos.
En su informe sobre esos disturbios, la organización no
gubernamental Human Rights Watch (HRW) aseguró haber
quedado demostrada la cooperación entre las fuerzas del
orden, incluidas la Policía Nacional y policías de los estados,
y los civiles violentos. Según la organización internacional, la
actitud de guardias y policías en relación a las agresiones que
cometían los colectivos «incluyó desde la aquiescencia y la
inacción, hasta directamente la colaboración». A partir de
entrevistas con testigos, HRW constató un modus operandi:
cuando las pandillas llegaban a un lugar, los agentes no
procedían a desarmarlas ni a proteger a los manifestantes, sino
que se retiraban dando vía libre a que los violentos lanzaran
sus ataques. «Encontramos evidencias convincentes de que
miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y pandillas
armadas partidarias del gobierno atacaron en forma
coordinada a manifestantes», indicó el informe. HRW
concluyó que los abusos contra los derechos humanos
cometidos en la represión no fueron casos aislados o excesos
de agentes insubordinados, sino parte de una «práctica
sistemática».
El haber armado a esos grupos pandilleros fue una de las
medidas más antisociales de Chávez, porque contribuyó a
incrementar la violencia general en el país y porque la
inseguridad castigó especialmente a los habitantes de los
barrios populares. En estos, sin seguridad privada como en las
zonas residenciales, las familias tuvieron que acostumbrarse a
encerrarse en casa poco después del anochecer. El libro