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pertenecía, como denunciarían los diplomáticos en plaza. En
esa ocasión, Nassereddine pidió revisar las solicitudes de
visas presentadas «procediendo a analizar, estudiar y decidir
sobre el otorgamiento o no de la totalidad de los visados»,
algo que además solo correspondía a la autoridad de Caracas.
Durante los dos siguientes años, la embajada en Beirut se vio
sujeta a «la continua presencia de innumerables ciudadanos
libaneses manifestando ser recomendados» por quien parecía
ejercer de plenipotenciario, «para que les sea concedida
inmediatamente la visa sin querer cumplir con los requisitos
exigidos».
Nassereddine acusó luego a la embajadora en Beirut, Zoed
Karam, de haber pasado esa información a la CIA y, en
colaboración con esta, de haber torpedeado su siguiente
nombramiento. En 2007, meses después de que Nicolás
Maduro tomara el mando del Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores, el nuevo canciller quiso situar
al controvertido diplomático donde más útil le estaba siendo y
le designó ministro consejero en Beirut. Ese era el tiempo en
que Maduro se había reunido secretamente cara a cara con
Hasán Nasralá, el supremo líder de Hezbolá, y Nassereddine
era una pieza clave en el entramado. Pero, poco dados a
formalismos, ni Maduro ni su protegido cayeron en la cuenta
de que, como libanés, el recién nombrado no podía ejercer un
puesto diplomático destacado en el Líbano. Alertadas las
autoridades nacionales del país anfitrión –Nassereddine
aseguraría tener pruebas de que fue la propia embajadora,
Zoed Karam, la que dio el chivatazo–, el nombramiento fue
rechazado. Karam se quejó ante Maduro de la irregularidad de
todo el procedimiento, que ponía en evidencia unas extrañas
prisas: el nuevo ministro consejero ya estaba en Beirut antes