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extrañeza entre los expertos. Primero, porque en todo el
proceso había ciertos aspectos de improvisación, algo que
chocaba con la meticulosidad atribuida a la profesionalidad de
la Fuerza Qods: Arbabsiar se dedicaba a la compra-venta de
coches en Texas y su única vinculación original con el aparato
de seguridad iraní era que tenía un primo que él creía alto
mando en ese cuerpo de operaciones especiales. Y segundo,
porque en su actividad de «operaciones encubiertas en el
extranjero, incluyendo ataques terroristas, asesinatos y
secuestros», como la describía el Gobierno de Estados
Unidos, la Fuerza Qods echaba mano de individuos o grupos
del radicalismo islamista, especialmente la organización chií
Hezbolá, pero no acudía a elementos del todo ajenos como era
el mundo del cartel mexicano. Además, si bien el fiscal
general y el FBI insistían en que algo así debía haber sido
autorizado por el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, y el
jefe de la Fuerza Qods, el general Qassem Suleimani, a nadie
le parecía normal que la cúspide del poder en Teherán buscara
dar un golpe tan duro en el mismo Washington. Eso iba a crear
una situación de gran riesgo para Irán, en medio de la
precariedad provocada ya por las sanciones internacionales.
La respuesta rápida a esas objeciones era que podía haberse
tratado de un ataque planeado por elementos del aparato de
seguridad del régimen que iban por libre.
Cabía, no obstante, otra interpretación, más preocupante
para Estados Unidos. La posibilidad de que el radicalismo
chií, a raíz de su ascenso hasta México por la creciente
penetración de Hezbolá en el narcotráfico global, comenzara a
buscar socios al sur de Río Grande para saltar la frontera. Era
algo que tenían en común la trama contra el embajador saudí y
la gestada a través de la embajada de Irán en México para