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de capitales a través de bonos y facturas de Petróleos de
Venezuela.
En ese momento, las agencias estadounidenses tenían
elaborada una lista interna, nunca hecha pública, de una
treintena de venezolanos declarados de interés por su relación
con el narcotráfico. Los más significativos, con los cargos que
al menos entonces ocupaban puestos entre paréntesis, eran:
Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional),
Adán Chávez (hermano del comandante y gobernador del
estado Barinas), Rafael Ramírez (presidente de Pdvsa), Tareck
el Aissami (ministro de Interior), Henry Rangel Silva
(ministro de Defensa), Hugo Carvajal (jefe de la inteligencia
militar), Manuel Barroso (presidente de la Comisión de
Administración de Divisas o Cadivi) y Wilmer Flores
(director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalistas). También figuraban otros altos
militares (Haissam Dalal-Burgos, inspector general de las
Fuerzas Armadas) y gobernadores (Luis Felipe Costa Carles).
Varias deserciones posteriores (el magistrado Eladio
Aponte, el extesorero Alejandro Andrade y el capitán de
corbeta Leamsy Salazar), así como el testimonio de otras
personas que aceptaron colaborar desde dentro, completarían
un cuadro en el que quedaba clara la implicación de la propia
jefatura del país, primero Hugo Chávez y luego Nicolás
Maduro, en el negocio. Hay que concluir que era un caso de
narcoestado.
Hablar de narcoestado no quiere decir ni que el cartel
gubernamental o paraestatal tuviera el monopolio hermético
de una actividad que de por sí es multiplicadora de grupos
delincuentes, ni que todas las instituciones estuvieran
mayoritariamente carcomidas por el gusano de la