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almirantes y nombrando a otros tantos profesionales de armas
para puestos en la Administración en el primer año de
mandato. A los nueve meses de su presidencia, vestía uniforme
o tenía formación militar la cuarta parte de los ministros –
entre ellos los de Economía, Industria, Energía Eléctrica y
Defensa– y la mitad de los gobernadores de los estados.
También procedentes del servicio de armas había un buen
número de viceministros, embajadores, cónsules y directivos
de empresas públicas. Incluso, con el ascenso a capitán de
Diosdado Cabello, lo que le devolvía su condición de militar,
la Asamblea Nacional estaba presidida por un oficial. La
«alianza cívico-militar» que definía a la república bolivariana
llevaba también a crear «estados mayores» para cometidos
civiles, como el Estado Mayor de Salud y el de Economía.
La presencia de tanto militar en posiciones civiles copiaba
el modelo de Cuba, en un proceso de identificación de las
Fuerzas Armadas con la revolución bolivariana que Chávez
obró de manera paulatina. «A pesar del golpe de 1992, en el
que estuvo involucrado Chávez, en gran parte de las Fuerzas
Armadas de Venezuela existía un verdadero respeto hacia las
autoridades electas», afirma Harold Trinkunas, director de
Latin American Initiative de Brookings Institution, uno de los
principales think-tanks de Washington. Nacido en Venezuela y
autor precisamente de estudios sobre el papel de los ejércitos
en las naciones latinoamericanas, Trinkunas explica que
aunque a la clase militar siempre le ha gustado tener espacios
de poder, conservar privilegios e intervenir en ciertas
políticas, la mayoría de los oficiales venezolanos
tradicionalmente acataban al presidente elegido en las urnas.
«El presidente era el comandante en jefe, y ese era el
principio y final de la cuestión». Eso dio a Chávez «margen