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dirigente opositora María Corina Machado con su madre. El
texto reconocía que las escuchas a contrincantes políticos por
parte del aparato del Estado eran ilegales si no había una
autorización judicial. Dado que su divulgación comprometía al
poder público, pues la filtración a periodistas chavistas ponía
«irremediablemente en evidencia» que la información era
resultado del monitoreo y el seguimiento a la oposición que
hacían los servicios de inteligencia, CEPS llamaba a
seleccionar bien cuándo «gastar cartuchos tan potentes».
«Creemos importante seguir una estrategia de erosión a los
personajes que más daño le pueden hacer a este Proceso»,
concluía el informe, recomendando que la difusión de
escuchas se hiciera de manera dosificada, despistando al
máximo sobre el origen de la filtración. Esto último era lo que
se había hecho por aquellas fechas cuando fueron pasadas a
medios colombianos unas imágenes interceptadas por el Sebin
de una reunión de la oposición venezolana con Álvaro Uribe,
expresidente del vecino país.
La asesoría dio lugar a la producción de centenares de
documentos. Desde asuntos muy técnicos a otros más políticos,
como los antes mencionados o como uno septiembre de 2011
que hacía recomendaciones específicas para boicotear
protestas opositoras. Ese informe, elaborado cuando se
estaban llevando a cabo huelgas de hambre, aconsejaba
«desplazar e infiltrar entre los huelguistas» a miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El uso de los medios públicos venezolanos era una
prioridad en la asesoría de CEPS, que además de contar con
una unidad de análisis estratégico, también había dispuesto de
una unidad para incidir en los contenidos de la cadena VTV y
del canal internacional TeleSur, ambos de carácter público.