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desertores de la alta jerarquía chavista o de máximos
dirigentes oficialistas, tanto civiles como militares, que
buscaban algún tipo de acomodo con Washington. Tener sobre
la cabeza la espada de Damocles de un indictment de Estados
Unidos resultaba inquietante. Limitaba enormemente los
movimientos en el exterior, por el riesgo a ser detenido por la
Interpol o la longa manus de las agencias estadounidenses, y
cortaba la retirada en caso de caída en desgracia interna o
cambio de régimen, pues pocos países iban a estar dispuestos
a ofrecer refugio. Así que, como atestigua confidencialmente
un intermediario ocupado en varios de esos procesos, la lista
de chavistas negociando franquear la puerta del Imperio que
tanto criticaron comenzó a ser larga.
Diosdado Cabello, visto como número dos del régimen,
fue uno de los primeros que se movilizó. No para dejar
Venezuela o para asociarse con Washington, sino para requerir
una no beligerancia de Estados Unidos hacia su persona. A
comienzos de diciembre de 2012, con Chávez a punto de
someterse a la operación de la que ya no se recuperaría,
Cabello utilizó la vía diplomática, de forma discreta, para
solicitar a Jim Durham, jefe de misión de la embajada
estadounidense en Caracas, que transmitiera a sus superiores
que, en caso de erigirse en líder, distanciaría su país de Cuba.
El presidente de la Asamblea Nacional tenía probablemente
evidencias de que la Justicia estadounidense estaba pisándole
los talones por su responsabilidad en el narcoestado, así que
buscaba que Washington hiciera la vista gorda sobre ese
historial para no lastrar su liderazgo en caso de un pulso con
Nicolás Maduro.
El fin de semana previo al anuncio de la muerte de Chávez,
en marzo de 2013, Cabello estableció contacto, por personas