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discreción a trasladar el barco a España para la reparación».
«Quieren ratificar su buena voluntad de colaboración con
Venezuela», escribió el diplomático.
Quizás lo más llamativo de esa conversación fue que el
presidente de la SEPI, según el embajador Álvarez, consideró
que las comisiones cobradas por la empresa Rebazve estaban
en «niveles razonables». No es fácil pillar a un alto directivo
de una sociedad pública justificar el pago de coimas. Aguirre
avalaba ante el venezolano lo que luego el Juzgado de
Instrucción número ocho de Madrid consideraría escandaloso.
De hecho, la misma Navantia acabó presentándose como
acusación particular. El relato de la visita añadía que el
directivo español creía que las informaciones sobre el caso
tenían un objetivo puramente electoral y desaparecerían una
vez concluidas las elecciones presidenciales venezolanas a
punto de celebrarse. «Está consciente que este tipo de noticias,
sea cual fuere su fuente e intenciones, tiene efectos que pueden
afectar a las relaciones entre la empresa y Venezuela. Está
dispuesto para después de las elecciones acercarse al
Gobierno venezolano, al nivel que se quiera, y dar todas las
explicaciones y aclaratorias necesarias».
El Gobierno venezolano se concentró en sacar rédito
político por dar trabajo a los astilleros españoles. «El
contexto actual de Navantia es muy complejo, ya que no tienen
nuevas órdenes de trabajo, en particular en el astillero de
Santa María, en el Puerto de Cádiz. El contrato venezolano ha
mantenido vivo este astillero», explicaba el embajador
Álvarez en otras de sus comunicaciones, en septiembre de
2012. «Navantia es vista como una empresa tradicionalmente
cercana al PSOE y sus trabajadores han sido muy activos en
una posición de presión al gobierno de Rajoy para obtener