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incurren muchos gobiernos democráticos, a los que a veces se
les va la mano queriendo sacar rentabilidad electoral a sus
realizaciones. El FFM tenía registrado cada uno de los
beneficiarios de las ayudas, con sus nombres, direcciones,
teléfonos y en ocasiones correos electrónicos, y sabía quiénes
de ellos habían votado o se habían abstenido de hacerlo en
anteriores elecciones.
El Frente había constatado un «alto nivel de
desmovilización de los sectores atendidos directamente por la
Revolución, agrupados en las Grandes Misiones Sociales»,
cifrando en 2.333.283, casi una tercera parte, las personas
beneficiarias que no habían votado en las últimas
presidenciales de Chávez, en octubre de 2012. El comunicado
interno, firmado por María Isabella Godoy, directora nacional
ejecutiva del FFM, fijaba objetivos numéricos para cada una
de las grandes misiones y luego añadía: «la metodología de
contacto será a través de llamadas telefónicas y el Barrido
Casa por Casa. Para esto se debe disponer de todas las salas
de control y seguimiento habilitadas en el estado y de una
tropa entre servidores públicos y Luchadores Sociales
Bolivarianos, con el fin de dar cumplimiento a la meta diaria».
En el caso de la Gran Misión Vivienda, Godoy se lamentaba
de que a pesar de las 370.495 viviendas ya finalizadas y
asignadas, había alrededor de 1,4 millones de «misioneros
abstencionistas» en ese programa. «En cada torre de los
nuevos urbanismos», ordenaba la dirigente para combatir esa
situación, «deben conformarse los Comité Hugo Chávez, con
la tarea de desarrollar el contacto casa a casa y garantizar el
voto de la población objetivo».
¿Cómo no ver en esto una reverberación del control que en
Cuba, en cada cuadra de viviendas, ejercen los Comités de