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Cuando luego de más de cuarenta muertos, ochocientos
heridos y tres mil detenidos Human Rights Watch emitió en
mayo de 2014 un informe sobre los disturbios de esos meses
en Venezuela, esa organización internacional hizo notar su
sorpresa por lo que había visto. No era inusual que en
Latinoamérica hubiera manifestaciones antigubernamentales, ni
que se produjeran excesos en el uso de la fuerza por parte de
elementos de los cuerpos de seguridad. Pero cuando esto
último había ocurrido, los presidentes democráticos los habían
condenado y se habían depurado responsabilidades; quizás no
todas, pero sí algunas. La actitud del Gobierno de Venezuela
era muy distinta: negaba las agresiones, se las atribuía a la
oposición –la llamaba «asesina», sin aportar pruebas–,
condecoraba a los cuerpos policiales más destacados en la
represión y, con la consigna de Maduro de que «candelita que
se prenda, candelita que se apaga», alentaba a grupos civiles
armados a proseguir con su violencia.
El informe de Human Rigths Watch, del que se ha extraído
el relato sobre la violencia policial sufrida por el joven Willie
David que encabeza esta introducción, concluyó que los
abusos contra los derechos humanos no fueron casos aislados,
sino que constituyeron una «práctica sistemática». Admitía que
en algunas ocasiones grupos de manifestantes habían atacado
las fuerzas del orden, pero constataba que la mayoría de las
veces la violencia, y desmedida, había correspondido al
bando policial. Su uso ilegítimo de la fuerza incluyó «golpear
violentamente a personas que no estaban armadas; disparar
armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos
de manera indiscriminada contra la multitud, y disparar