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claro públicamente su presidente, Rafael Ramírez. La
productividad bajó de cien barriles por trabajador a
veinticinco. Fue una caída permanente de competitividad:
entre 2001 y 2008 los costes operacionales por barril se
duplicaron y los totales se triplicaron.
El descenso de producción también fue consecuencia de un
proceso de renacionalización. Las compañías extranjeras,
salidas de Venezuela con la nacionalización de 1976,
regresaron con la apertura petrolera de 1997 para ocuparse
de campos residuales. Se establecieron entonces convenios
operativos por los que las multinacionales operaban esos
pozos y luego se repartían las ganancias a medias con la
estatal Pdvsa.
Ese nuevo trato interesaba a Venezuela porque las
inversiones requeridas, normalmente muy elevadas debido a
que eran campos de mayor costo de producción o menor
rentabilidad, correspondían a las compañías foráneas. Pero
cuando los precios del crudo comenzaron a subir las
multinacionales pasaron a obtener unos niveles de rentabilidad
que el Gobierno no había previsto. Ante eso Chávez denunció
que Venezuela había hecho un mal negocio y decidió cambiar
unilateralmente las reglas. Exigió a las multinacionales
traspasar las operaciones a empresas mixtas en las que Pdvsa
tendría la mayoría accionarial. Eso era una nueva
nacionalización. Algunas compañías habían hecho inversiones
a largo plazo, especialmente en la Faja del Orinoco, y se
negaron aceptar la indemnización ofrecida por la
expropiación. Las principales litigantes fueron las
estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips. El arbitraje
internacional acabaría fallando contra Venezuela, obligada a
pagar más de mil millones de dólares en compensaciones.