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El mayor presidencialismo de la nueva Constitución, que
alargaba a seis años el mandato del presidente, y otras
disposiciones que reducían los contrapesos entre poderes,
como la eliminación del Congreso bicameral, alentaron la
reacción de opositores políticos y empresarios, estos últimos
liderados por Fedecámaras (Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela). Una
huelga general comenzada el 9 de abril de 2002 extendió las
protestas. El día 11 una gran marcha en el centro de Caracas
acabó dirigiéndose hacia el Palacio de Miraflores y fue
confrontada por simpatizantes de Chávez. La violencia
desatada –hubo diecinueve muertos– llevó al Alto Mando
Militar a forzar la dimisión del presidente, anunciada en la
madrugada del 12 de abril.
Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, tomó
posesión en ese momento como presidente interino, saltándose
lo previsto por la Constitución en caso de renuncia del jefe del
Estado. Carmona decretó la disolución de la mayoría de los
órganos constituidos y tuvo que hacer frente a la presión en la
calle de grupos chavistas, que reclamaban la presidencia
temporal para quien venía ejerciendo de vicepresidente,
Diosdado Cabello, en espera de que Chávez pudiera recuperar
la banda tricolor. Liberado por militares fieles, el líder
bolivariano retomó el poder el día 14, alegando que no había
firmado ningún documento de dimisión. El Tribunal Supremo
de Justicia zanjó el hiato de mando que se había producido
calificándolo de «vacío de poder», mientras que el chavismo
siempre prefirió etiquetarlo de golpe de Estado. El
nombramiento de Carmona, en cualquier caso, había
contravenido el ordenamiento constitucional.
El pulso continuó en los siguientes años, con una oposición