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peso para la compañía: consumo nacional subvencionado
(29,3 por ciento de la producción); cancelación de los
empréstitos ya recibidos de China (veintitrés por ciento);
convenios de cooperación energética con países de
Petrocaribe y Alba (nueve por ciento), que financiaban la
factura a veinte años y podían cancelarla con productos
agropecuarios, y acuerdo especial con Cuba (4,1 por ciento),
que contemplaba que todo el petróleo entregado fuera pagado
con servicios.
Todo esto supuso una creciente constricción de la cuenta
de resultados de Pdvsa. La deuda financiera externa
consolidada, en ascenso los últimos años, llegaba a final de
2013 a 43.384 millones de dólares, lo que suponía un déficit
de caja superior al cuarenta por ciento de su presupuesto.
Además, la compañía debía al Banco Central de Venezuela del
orden de cien mil millones de dólares. «Ante este cuadro»,
concluye De la Cruz, «la venta de activos de la empresa
aparece como una de las pocas herramientas que la estatal de
petróleos puede tener a mano para enfrentar su delicada
situación financiera y para sostener los abultados
compromisos internos y externos adquiridos por el Gobierno
venezolano». De esta forma el chavismo, que había hecho de
la nacionalización un emblema máximo de su política
económica y social estaba en la tesitura de tener que pasar a
una agenda de privatizaciones.
En esa línea, la compañía anunció en 2014 su intención de
vender Citgo, su subsidiaria en Estados Unidos, uno de sus
principales activos, con plantas en Luisiana, Texas e Illinois y
una red de seis mil gasolineras. Con los precios del crudo en
descenso, no salió inmediato comprador. «Citgo no debe de
costar menos de diez mil millones de dólares», había dicho