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ejercicios de prueba en Venezuela. Era otro desencanto en la
relación con el amigo iraní.
Lo que había investigado la Fiscalía de Distrito de
Manhattan, que se arroga la persecución de transacciones
contrarias al derecho que se hagan en dólares en todo el
mundo, era una intensa relación entre la Compañía Anónima
Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y varias empresas
de la industria armamentística iraní incluidas en las sanciones
internacionales. Mediante esos movimientos, Irán obtenía
divisas, abría vías de flujos financieros para su sistema
bancario, encorsetado por las sanciones, y lograba algunos
recambios para material bélico. Venezuela se hacía con
tecnología y se permitía coquetear con algunos programas que
ponían algo nerviosos a los estadounidenses.
Estados Unidos seguía la pista lo más cerca que podía. Un
telegrama de marzo de 2009 del Departamento de Estado
norteamericano, dirigido a la embajada en Ankara, con
información a la de Caracas, alertaba de un próximo envío de
Irán a Venezuela de tecnología UAV, siglas de Unmanned
Aerial Vehicle. «Estados Unidos cree que este material es
armamento y material relacionado que Irán tiene prohibido
transferir de acuerdo con la resolución 1747 del Consejo de
Seguridad de la ONU», decía el mensaje, luego revelado por
Wikileaks. Se indicaba además que el material estaba
producido por Qods Aeronautics Industries, empresa iraní
sujeta a sanciones. La alerta a Turquía se debía a que ya
existía constancia de que había envíos de Irán a Venezuela que
pasaban por ese país, como había sido el caso de los
contenedores interceptados a finales de 2008 en el puerto
turco de Mersin, llevando material normalmente usado para la
fabricación de explosivos.