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cargo del erario público, el presidente cargaba contra la clase
acomodada. «A la burguesía le da piquiña cuando hablamos de
Cuba. ¡Vamos a hablar de Cuba por todos lados! ¡Viva Cuba,
viva Cuba, viva Cuba!». Era una de las formas que tenía
Chávez de esconder algo: darle aparente publicidad,
preferiblemente en forma de ataque, simulando que no tenía
nada que ocultar.
Con esas últimas palabras el presidente venezolano acogía
en febrero de 2010 la llegada a Caracas de Ramiro Valdés,
dirigente histórico de la revolución cubana, al frente de una
comisión que oficialmente iba a encargarse de resolver la
crisis de producción eléctrica que padecía Venezuela. La
reducción de la capacidad hidroeléctrica, debido a una sequía,
y el deficiente estado de la red, sin apenas inversión para su
mantenimiento y mejora, habían llevado a frecuentes cortes de
suministro. Pero ni Cuba era conocida por liderazgo en ese
campo, ni Valdés era un experto. La oposición siempre
sospechó que su presencia respondía a otros fines. Valdés,
fundador del temible G2 y en dos ocasiones ministro del
Interior, ejercía ahora como ministro de Informática y
Comunicaciones. La era digital hacía de las conexiones entre
modernos dispositivos el nuevo ámbito al que extender el
aparato represivo del Estado. En aquellos meses estaba en
marcha el proyecto de un cable submarino de fibra óptica entre
Cuba y Venezuela.
También bajo mando de Ramiro Valdés estaba el control
de las cédulas de identidad y los pasaportes de todos los
venezolanos, proceso tecnológico entregado a Cuba. Unos
años antes, Venezuela había encargado un programa de
«transformación y modernización» del sistema de
identificación, migración y extranjería a la empresa cubana