El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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yacen en el trasfondo de toda decisión política, la legislación
se transforma en una fuente directa de los derechos
fundamentales76.
Ahora bien, la actualización legislativa pueden atribuir
explicitud y validez con pretensión definitiva a dos clases
de normas adscritas. En primer lugar, puede tratarse de
normas adscritas que no estén estatuidas por la Constitución
como decisiones iusfundamentales necesarias, sino solo
como opciones políticas posibles. Este caso se presenta, por
ejemplo, cuando las disposiciones de derecho fundamental
son indeterminadas estructuralmente, es decir, cuando
dejan abierto al Legislador un ámbito de decisión, dentro
del cual este puede escoger aquella estrategia política que
considere conveniente para cumplir los deberes fijados por
la Constitución -recuérdese el ejemplo de la posibilidad del
Legislador de establecer un régimen de televisión privada,
que no viene impuesto por la Constitución como una política
necesaria-. Cuando el Legislador adopta una de estas
estrategias políticas posibles, actualiza implícitamente una
norma iusfundamental adscrita. En este caso, la ley que
regula el derecho fundamental comienza a formar parte de
su contenido y, por tanto, la vulneración administrativa o
judicial de dicha ley se convierte también indirectamente en
una vulneración del derecho fundamental respectivo. Sin
embargo, la actualización de este tipo de normas adscritas
no vincula al propio Legislador77. El Parlamento dispone
7 6 Cfr. sobre la legislación como fuente de los derechos fundamentales, R u b io
L l ó r e n t e . " L o s derechos fundamentales", cit., pp. 3 y ss.
7 7 De este modo parece contradecirse la afirmación defendida algunas páginas
atrás, según la cual todas las normas de derecho fundamental resultan
vinculantes para el Legislador, así como parece contradecirse la propia
definición de los derechos fundamentales como aquellos que resultan
vinculantes para este poder del Estado. Esta aparente contradicción se
produce a causa de la catalogación de la ley y de las fuentes jurídicas de rango
inferior a esta, como fuentes de los derechos fundamentales. A nuestro modo
de ver, es enteramente apropiado otorgar el status de fuente de los derechos
fundamentales a la ley, los actos administrativos, la jurisprudencia ordinaria