El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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fundamentales que la necesitan resulta suficiente, por así
decirlo, para satisfacer sus exigencias y para brindarles una
garantía efectiva.
En términos generales puede afirmarse que para acometer
todas estas tareas el Tribunal Constitucional debe interpretar
las disposiciones iusfundamentales, a fin de investigar si a
partir de estas puede fundamentarse una norma adscrita
contradictoria con aquella que ha expedido el Legislador.
La armonización, aclaración, complementación, restricción
o protección legislativa de los derechos fundamentales se
efectúa mediante el proferimiento de una ley de intervención.
El problema clave del control de constitucionalidad
consiste en establecer si las normas contenidas en esa ley de
intervención contrarían las normas adscritas en que pueden
concretarse las disposiciones iusfundamentales.
Esta afirmación es aparentemente indiscutible. Sin embargo,
a partir de ella se siguen ulteriores complicaciones.
Estas complicaciones se deben sobre todo al hecho de que
la fundamentación de normas con base en las disposiciones
de los derechos no es nada evidente. Dicha fundamentación
implica, la mayoría de las veces, que el Tribunal
Constitucional deba construir un buen número de premisas
relativas a fenómenos normativos, analíticos y empíricos:
la interpretación del texto de la Constitución, predicciones
de acontecimientos sociales, la valoración de hechos, la
ponderación de intereses del individuo, de la comunidad
y de los grupos que la conforman, la atribución de valor a
unos derechos sobre otros. La exigencia de que el Tribunal
construya estas premisas se ve en ocasiones confrontada
con las reducidas posibilidades de conocimiento de que
dispone. En la mayor parte de los casos difíciles, el Tribunal
debe operar con premisas inciertas. La inexistencia de una
jerarquía social de valores introduce una gran inseguridad
en las ponderaciones de intereses y en el establecimiento
de órdenes de precedencia de unos derechos sobre otros; y
por su parte, las insuficientes capacidades de investigación