El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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de los medios. Desde este punto de vista, el principio de
representación democrática de los ciudadanos en el Parlamento
adquiere entonces un carácter exclusivamente técnico.
Los representantes de la sociedad están habilitados para
deliberar acerca de la manera más adecuada de cumplir
los cometidos trazados por el Constituyente, pero nunca
pueden adoptar nuevos objetivos.
En contra de lo anterior, parece imprescindible reconocer
que el principio democrático lleva consigo el llamado “principio
de libertad defines del Legislador". La atribución constitucional
al Parlamento de la competencia para configurar los
derechos fundamentales y para tomar las decisiones más
importantes de la vida política implica necesariamente la
atribución a este poder de la facultad de proponerse legítimamente
cualquier fin, siempre y cuando no esté prohibido
por la Constitución148. Por consiguiente, la legitimidad de
los fines de las intervenciones legislativas en los derechos
fundamentales no debe ser concebida de modo positivo, con
respecto a lo prescrito por la Constitución-es decir, mediante
la fórmula: el Legislador solo puede perseguir legítimamente
los fines estatuidos en el texto constitucional-, sino de una
manera negativa, o sea: cualquier fin legislativo es legítimo,
a menos que esté prohibido expresa o implícitamente por
la Constitución149.
148 Cfr. sobre este principio, E. G r a b it z. "Der Grundsatz der Verhaltnismafíigkeit
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts", cit., pp. 573 y ss.;
S c h n e id e r . "Zur Verhaltnismáfíigkeits", cit., pp. 397 y ss.; D e s c h l in g . Das
Verhaltnismafiigkeitsgebot, cit., p. 77; L e r c h e. Übermafi und Verfassungsrecht, dt.,
p. 226. R. A l e x y habla de un "ámbito legislativo para el establecimiento defines"
(Zwecksetzungsspielraum), en Nachwort/Postscript a la Teoría de los derechos
fundamentales, manuscrito, pp. 9 y ss. (este epilogo aparece publicado en
castellano con una traducción mía en r e d c , n.° 66, 2002).
149 Cfr. a favor de esta tesis, G a v a r a d e C a r a . Derechos fundamentales y desarrollo
legislativo, cit., pp. 294 y ss. En contra parece estar D e O t t o . "La regulación
del ejercido de los derechos y libertades", cit., pp. 111 y ss., quien aduce que
la garantía de los derechos fundamentales se debilita si contra ellos puede
hacer valer algún bien comunitario que no tenga rango constitucional. En